La sesión de este martes en la Comisión de Intereses Marítimos, de la Cámara de Diputados de la Nación, volvió a poner sobre la mesa el proyecto de ley de trazabilidad pesquera. Considero oportuno dejar sentada mi posición al respecto: coincido plenamente con el planteo formulado por Otto Wöhler en representación del sector de los administrados, por ser el único análisis que se sostiene con rigor lógico e institucional frente a la iniciativa en discusión.

Nadie discute la importancia estratégica de la trazabilidad para la industria pesquera; ese punto está fuera de debate. Con lo que estoy en desacuerdo es con la premisa de que la trazabilidad nacería recién con la sanción de esta ley. La evidencia demuestra lo contrario: Argentina exporta productos pesqueros a los mercados más exigentes desde hace más de cincuenta años, lo cual solo es posible porque ya existe un sistema de control y seguimiento consolidado. No partimos de cero, y es un error de diagnóstico abordar el debate como si el sector careciera de mecanismos de fiscalización. 

Tampoco se trata de un compromiso menor por parte del sector productivo. Actualmente, las empresas pesqueras destinan personal permanente y exclusivo a la carga de datos en los sistemas públicos vigentes —administrados por el SENASA y la Dirección de Coordinación y Fiscalización Pesquera— bajo un esquema normativo sumamente exigente. Esa es la trazabilidad real, la que opera todos los días, y no debe presentarse ante el Congreso como si fuera una novedad por crear. 

El problema de fondo no es conceptual, sino institucional y jurídico. Hoy conviven dos competencias estatales diferenciadas —la sanitaria, en cabeza del SENASA, y la pesquera propiamente dicha— que arrastran una superposición histórica. El proyecto pretende resolver este solapamiento delegando su articulación en una futura autoridad de aplicación que todavía no existe ni está definida. Esto entraña un riesgo mayor: pretender que un nuevo organismo ejerza supremacía sobre entidades con potestades otorgadas por ley no resuelve el conflicto, sino que lo traslada y profundiza.

Si esta definición central queda supeditada a una reglamentación posterior e incierta, existe el riesgo concreto de sancionar una ley marco vacía de contenido real. Y mientras esa indefinición persista, el costo de la duplicación de cargas administrativas y la incertidumbre jurídica lo seguirá pagando el sector productivo.

Conviene recordar que esta no es una discusión nueva. En mayo de 2024, ante esta misma Comisión, Wöhler ya había anticipado con precisión este escenario: la trazabilidad existe y es reconocida internacionalmente; el sector no se opone a ella, y lo que se necesita es la articulación efectiva entre los organismos existentes, no una ley que superponga nuevas estructuras. Que el argumento mantenga intacta su validez dos años después ratifica que el diagnóstico era correcto entonces y sigue siéndolo hoy.

Lamentablemente, ciertas desprolijidades conllevan ausencias importantes en el abordaje de ideas colaborativas vinculadas al proyecto de ley y, al mismo tiempo, permiten la participación de actores ajenos al real interés de la convocatoria, incorporando expresiones que desvirtúan el objetivo planteado.

La unificación de los datos que ya se conocen e introducen por sistemas diferentes, simplificará los procesos de carga y la obtención de información, resultando fundamental para allanar el camino hacia una trazabilidad pesquera argentina eficiente y transparente.

Jorge A. Frías
SECRETARIO GENERAL NACIONAL

Enrique De Rosa
SECRETARIO ADJUNTO